Este hecho no es un delito menor cometido por un ciudadano cualquiera. Aponte ingresó al Poder Judicial hace veinte años. Acumuló experiencia en diversas fiscalías penales de Salta.
La noticia sacude la confianza pública en Salta. Daniel Fernando Aponte, empleado de la Justicia de Salta, enfrentará juicio por narcotráfico. Su detención ocurrió luego que sorprendieron a un supuesto cómplice suyo transportando veinticuatro kilos de marihuana desde Orán a Rosario de la Frontera.
Este hecho no es un delito menor cometido por un ciudadano cualquiera. Aponte ingresó al Poder Judicial hace veinte años. Acumuló experiencia en diversas fiscalías penales de la provincia. Trabajó en el corazón del sistema encargado de combatir el crimen.
Durmiendo con el enemigo
Conocía desde adentro procedimientos, debilidades y métodos investigativos. No era un empleado administrativo lejano a expedientes sensibles. Estuvo en fiscalías penales, donde se tramitan casos de microtrafico de drogas. Supuestamente parte de la solución, hoy es señalado como parte activa del problema.
Su acceso a información sobre investigaciones antidrogas resulta escalofriante. Sabía cómo se movía la Justicia de Salta contra el narcotráfico. Según las acusaciones de la Fiscalía Penal de la Justicia Federal de Salta, usó ese conocimiento para burlarla. La traición institucional no puede ser más evidente.
Este escándalo confirma denuncias publicadas por este diario, El Intra Salta. Alertamos hace tiempo sobre una penetración siniestra. El narcotráfico infiltró sectores institucionales clave de Salta. La Justicia, lamentablemente, no fue excepción a esta tendencia peligrosa.
Durante demasiado tiempo, las altas esferas negaron esta realidad incómoda. El Fiscal General Pedro García Castiella lideró esa postura negacionista. Convocó conferencias para mostrar acciones contra el flagelo. Pintó un panorama de control que hoy es una fachada peligrosa.
Surge una pregunta evidente y aterradora. ¿Es Aponte un caso aislado dentro del sistema judicial salteño. O es apenas la punta de un iceberg de corrupción más extenso. ¿Cuántos otros empleados o funcionarios están involucrados directamente. ¿O hacen la vista gorda por negligencia, complicidad o temor.
¿Qué exige el pueblo de Salta?
Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial. Que abarque a todo el Poder Judicial de Salta. Este proceso debe tener independencia y transparencia absolutas. No basta con procesar a Aponte, aunque sea necesario.
Se requiere rastrear sus conexiones internas y posibles cómplices. Es imperativo auditar procesos y revisar casos cerrados. La ciudadanía merece saber hasta dónde llegó la metástasis. La negación y autocomplacencia ya no son opción ética.
La Justicia salteña está en una encrucijada histórica definitoria. Su cúpula optó por negar la infiltración del narcotráfico. Ocultó el problema bajo una falsa imagen de solvencia. Ahora la evidencia es inescapable y brutal.
Continuar con esa política sería una traición imperdonable. Es momento de aceptar la cruda realidad con humildad. Reconocer el fracaso de los controles internos es el primer paso. Salta necesita acciones concretas, no más discursos tranquilizadores.
Urgen reformas profundas en selección y vigilancia del personal. Se precisa colaboración real con fuerzas federales. Auditorías externas permanentes son indispensables. La limpieza debe comenzar ya mismo, desde adentro hacia afuera.
El caso Aponte es una herida profunda, pero también una oportunidad. Para sanear lo que está podrido en el sistema judicial. El tiempo de negar ha terminado. Solo queda actuar con firmeza y sin tregua. La credibilidad de la Justicia y la seguridad de Salta están en juego.
El Intra