Javier Milei usó la cadena nacional por tercera vez desde que asumió como Presidente. En esta ocasión acudió a esa herramienta para difundir un balance de los primeros tres meses de su gestión, especialmente en materia fiscal. Defendió su plan de “motosierra y licuadora” como mecanismo para bajar la inflación, cumplió con la meta pactada con el FMI y prometió que este será “el último tramo del esfuerzo” en el que la tolerancia social al ajuste podría empezar a quebrarse.

El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y desde allí presentó el resultado fiscal. En concreto, anunciaron que en marzo el sector público nacional registró un resultado primario (sin descontar los compromisos de deuda) que llegó a $625.034,1 millones, mientras que el resultado financiero (incluyendo los intereses) fue de $276.638,2 millones.

De esta manera, de acuerdo a estimaciones de IARAF, el superávit primario ascendió en los primeros tres meses del año a $3.868.000 millones, equivalente a 0,6% del PIB, lo cual le asegura al Gobierno el cumplimiento de la pauta fiscal trimestral con el Fondo Monetario Internacional, que indicaba que para ese período, el Gobierno debía tener por lo menos $962.400 millones de superávit primario.

A la hora de detallar cómo se alcanzaron esos valores, Milei aseguró que su plan tiene “más de motosierra que de licuadora”, es decir, que se basa más de recorte del gasto que en la pérdida de valor de los recursos frente al avance de la inflación, principalmente a raíz de la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias y la obra pública.

Pero hacia adelante, planteó un plan de crecimiento en etapas que incluye, entre otras cosas y según sus propias palabras, “una expansión de sectores por la corrección de precios relativos” -mencionó la minería, el petróleo, el gas y el campo-, y “recomposición de los salarios reales que hoy ha empezado a tomar lugar”.

Este último punto será el mayor desafío que tendrá el Gobierno para la próxima etapa de la gestión, principalmente porque después de cuatro meses de un programa de recortes con altos niveles de inflación y en un contexto recesivo, la sostenibilidad del programa macroeconómico se empieza a poner a prueba. Esta advertencia, de hecho, ya se la había hecho al Gobierno hace casi un mes el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región, Rodrigo Valdés, que le reclamó “revisar la calidad del ajuste”.

La frase de Valdés refería, principalmente, al impacto que tendrán las decisiones macroeconómicas del Gobierno, especialmente sobre la perdida del poder de compra de los ingresos en los sectores más golpeados por la crisis.

Solo a modo de ejemplo, la consultora Abeceb estimó que el salario real en el sector privado formal podría caer en promedio 6,1% en 2024, pero el ingreso disponible “podría reducirse más del doble producto del fuerte reacomodamiento de los precios relativos de las tarifas de gas, luz, agua, transporte público, combustibles, etc”, cuyos precios se acomodaron muy por encima de la inflación. Esta situación tendrá su efecto más claro en la caída del consumo que la firma estima en el 8% para este año.

“La caída del salario real del 6,1% en realidad disfraza una retracción aún mayor de la capacidad de compra porque a esa pérdida hay que sumarle el fuerte impacto de todas las subas mencionadas y que hace que recortemos los gastos. Por ejemplo, un trabajador que en promedio en 2024 va a ganar $1.340.000 y que su salario le creció por debajo de la inflación y le va a caer en términos reales 6,1%, lo que le quede para gastar, después de pagar el alquiler, combustible, transporte, luz, gas (estos componentes que aumentan muy por encima de la inflación) le van a quedar $840.000, lo que implican una caída de 15,5% respecto del ingreso disponible que tenía el año pasado en términos reales”, graficó Abeceb.

La importancia de la Ley Ómnibus para los planes fiscales del Gobierno

En el último pasaje de su mensaje transmitido por cadena nacional, Milei también hizo referencia a la importancia de que se apruebe la llamada Ley Ómnibus para avanzar en la próxima instancia del plan oficial. “Todo se verá fuertemente multiplicado en la medida que el Congreso nos acompañe en el programa de reformas estructurales como ser el caso de la Ley Bases”, dijo el Presidente.

La frase, claro, no fue azarosa. Si el Poder Legislativo apoya las reformas oficiales, el Ejecutivo podría mejorar sus cuentas fiscales por aproximadamente un punto del producto: 0,5% por la restitución de Ganancias y otro 0,5% si es que se aprueban la moratoria, el adelanto de Bienes Personales y el blanqueo.

“Su aprobación [la de la Ley Bases] es una condición necesaria para el objetivo de equilibrio fiscal que hoy funciona como principal ancla de desinflación. En concreto, el restablecimiento del impuesto a las Ganancias permitiría aumentar la recaudación del sector público nacional al 0,5% del PBI en un contexto de depresión de los recursos impositivos por efecto de la recesión”, indicaron los especialistas de Consultatio.

“Además, el Gobierno espera recaudar medio punto adicional con la combinación de la moratoria fiscal, el adelanto de Bienes Personales y el blanqueo, pero este resultado es más incierto, pues depende de la voluntad de participación de los contribuyentes. Lo cierto es que un incremento de los recursos por 1 punto del PBI reduciría considerablemente la necesidad de recorte del gasto, que ya no podrá seguir licuándose al ritmo de los últimos cuatro meses. Y, en consecuencia, el ancla fiscal se volvería más sólida”, precisaron.