La Sala I del Tribunal de Impugnación sostuvo que no se acreditó el abuso de autoridad en el ingreso al penal de Darío Monges.

El juez Luciano Martini, vocal II de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, confirmó el sobreseimiento del exdirector general de Políticas Penales, Ángel Sarmiento, en la causa iniciada por el ingreso irregular de Darío Monges a la cárcel de Orán. El hecho también tuvo implicancias para el exsecretario de Seguridad Benjamín Cruz, quien en octubre fue imputado como supuesto autor del delito de tráfico de influencias.

Hubo dos resoluciones, fechadas el 31 de marzo y 24 abril de este año, que implican un revés para la Fiscalía penal 2, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio. En septiembre de 2022, Sarmiento quedó imputado por el supuesto delito de abuso de autoridad por el acceso de Monges al penal oranense para ver al sicario Oscar “Cabezón” Díaz.

Cabe recordar que Monges, cercano a Cruz, fue hallado sin vida el 3 de septiembre de 2022 en su camioneta tras recibir cinco balazos. Por el hecho fueron condenados a cadena perpetua los hermanos David y Santiago Bejarano, en un proceso federal en 2024, con la confirmación de la sentencia de Casación en 2025.

La causa analiza lo ocurrido el 1 de junio de 2022 en la cárcel de Orán. Según la acusación fiscal, Sarmiento impartió una orden verbal directa al personal penitenciario para autorizar el ingreso de Darío Monges, quien pretendía entrevistarse con Díaz. Para la Fiscalía, Monges no reunía las condiciones que decía tener para ingresar al penal y habría invocado una calidad de abogado y asesor de Seguridad que posteriormente fue constatada como falsa.

Para el Tribunal, aun cuando después se cuestionara la condición invocada por Monges, eso no alcanzaba para convertir automáticamente el episodio en un delito penal. En un principio, el Juzgado de Garantías había señalado que la eventual falsedad respecto de la calidad de abogado colocó a Sarmiento en una situación de “error de juicio”, pero no surgía de la investigación que hubiera actuado con intención deliberada de perjudicar la seguridad institucional o de afectar el funcionamiento de la administración pública.

Profesional FM