El exministro Cornejo acusó a la Procuración General de no haber investigado a tiempo la visita.
La polémica en torno a la visita de Darío Monges al sicario conocido como “Cabezón” Díaz en la cárcel de Orán en junio de 2022 ha generado un tenso intercambio entre el exministro de Seguridad, Abel Cornejo, y el Ministerio Público Fiscal (MPF). Cornejo sostiene que solicitó una investigación al actual procurador, Pedro García Castiella, sobre el ingreso de Monges a la unidad carcelaria, afirmando que la petición no fue atendida como correspondía.
En respuesta, el MPF emitió un comunicado en el que explica que la solicitud de Cornejo fue enviada siete días después de que el entonces ministro tomara conocimiento de la visita de Monges.
La Procuración General asegura que la investigación penal se inició de inmediato, derivándose a la fiscalía de Orán a cargo de la Dra. Mariana Torres. Posteriormente, la causa también fue abordada por la Fiscalía Penal N° 2 de Salta, con Ramiro Ramos Ossorio al frente. La investigación sigue en curso, con una imputación ya formulada en 2023 contra un funcionario acusado de autorizar de manera irregular el ingreso de la víctima al penal.
Asimismo, el comunicado del MPF aclaró que Benjamín Cruz también ha sido imputado por un supuesto tráfico de influencias en relación con este caso. A su vez, negaron cualquier vínculo entre Darío Monges y el traslado del sicario Díaz a una cárcel de Salta, argumentando que este cambio se debió exclusivamente a razones de seguridad, ya que el penal de Orán no estaba equipado para albergar a un interno de este perfil.
El traslado de Gringo Palavecino en la mira
En paralelo, el traslado de otro detenido de alto perfil, Cristian “Gringo” Palavecino, se encuentra en proceso. La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado emitió un dictamen favorable el 30 de septiembre, respaldando la propuesta del Ministerio de Seguridad de trasladarlo a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Palavecino, actualmente recluido en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, es considerado un riesgo de fuga, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en su traslado a una cárcel con mayores medidas de seguridad.
Los fiscales a cargo del caso, Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Luján Sodero y Pablo Cabot, han argumentado que este traslado no interferirá en el proceso judicial, ya que se podrán continuar las audiencias de forma remota, una medida ya utilizada en otros casos de alto perfil como el de los hermanos Castedo.
Voces Críticas.
