El juez Lijo dictó el procesamiento de 24 personas y amplió la causa por corrupción, destapando un entramado de sobreprecios que supera los 7.800 millones de pesos. La investigación por las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro determinante este viernes, luego de que el juez federal subrogante Ariel Lijo ampliara los procesamientos y alcanzara a un total de veinticuatro imputados.  En la mira de la Justicia se encuentra una presunta asociación ilícita dedicada a direccionar contrataciones de medicamentos, insumos médicos y ortopédicos a través del programa Incluir Salud, operando mediante la manipulación de licitaciones y el intercambio de información privilegiada entre funcionarios públicos y empresarios del sector. La resolución judicial profundizó la situación procesal de figuras clave como Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, considerados los principales jefes de la organización delictiva, a quienes se les sumaron cargos por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada al Estado y, en varios casos, lavado de activos. El esquema delictivo no solo abarcó la malversación de fondos públicos, sino también la canalización de dinero negro a través de circuitos comerciales y firmas proveedoras vinculadas a distintos rubros de la salud y la aviación comercial. Un relevamiento técnico realizado por el Ministerio de Salud permitió dimensionar el impacto económico de las maniobras fraudulentas, identificando diferencias de precios por más de 1.840 millones de pesos en el segmento de insumos, que se suman a los casi 6.000 millones detectados previamente en el rubro farmacéutico. Para la Justicia, el modus operandi documentado —que incluía la simulación de competencia y el direccionamiento sistemático de pagos— demuestra la existencia de una estructura perfectamente coordinada y sostenida en el tiempo para vaciar recursos destinados a los sectores más vulnerables del país. (Con información de Ámbito)