Avanzan presentaciones judiciales y reclamos de familiares y organizaciones tras la decisión del Gobierno de promulgar las leyes que otorgan mayor financiamiento a las universidades, el Garrahan y el área de discapacidad, pero suspender su aplicación.
El conflicto por la falta de aplicación de las tres leyes de emergencia -la de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica y la de emergencia en discapacidad- escaló en las últimas horas al terreno judicial y político. Universidades públicas, profesionales y familiares de pacientes del Hospital Garrahan, y organizaciones de personas con discapacidad preparan amparos judiciales, mientras el Congreso advierte que no votará el Presupuesto 2026 si el presidente Javier Milei no destina fondos a las leyes aprobadas.
Constitucionalistas consultados por TN advirtieron que en caso de sostenerse esa decisión, el Presidente podría incurrir en el delito incumplimiento de sus deberes de funcionario público y avanzar un juicio político, y señalaron que para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Congreso podría recurrir a una moción de censura para desplazarlo de su cargo.
La controversia se desató luego de que el Ejecutivo promulgara las normas, pero suspendiera su aplicación “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”, según los decretos 759, 760 y 681 de 2025. La decisión generó una ola de reclamos en los sectores afectados, que advirtieron sobre la gravedad institucional de dejar sin efecto leyes vigentes aprobadas por amplias mayorías legislativas.
En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó para este martes un plenario extraordinario en la Facultad de Derecho de la UBA para definir una acción judicial conjunta.
Universidades en pie de reclamo
El presidente del CIN, Oscar Alpa, confirmó a TN que en el plenario de rectores van “a evaluar el tema legal y hacer una presentación conjunta de todas las universidades nacionales y definir qué tipo de medida judicial” pueden realizar. Además, adelantó que el sistema universitario seguirá “reclamando por el Presupuesto del año que viene, porque son dos temas fundamentales, no solo la ley de este año, sino también el presupuesto para 2026”.
Según el comunicado oficial del organismo, el plenario se realizará desde las 13 en formato híbrido, con participación de todos los rectores del país, y tendrá como eje la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, sancionada por amplia mayoría, dispone la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación, recomposición salarial para docentes y no docentes, y la convocatoria a paritarias nacionales.
Sin embargo, la aplicación quedó en suspenso por decisión del Ejecutivo. Para los especialistas consultados, el argumento del financiamiento no tiene sustento legal. “El Presidente no tiene ninguna posibilidad de disponer él la suspensión de la aplicación de las tres leyes, sino que debe avanzar en su implementación”, explicó el constitucionalista Pedro Caminos.
Además, sostuvo que tanto la ley de administración financiera como la de ejecución del presupuesto “son normas generales y anteriores” que no pueden prevalecer sobre las leyes específicas sancionadas este año.
Caminos agregó que las personas o instituciones afectadas, como las universidades, “podrían iniciar acciones judiciales reclamando el pago de sumas de dinero o la ejecución de prestaciones”, e incluso advirtió que “el jefe de Gabinete podría ser objeto de una moción de censura” si el Congreso decide avanzar con ese mecanismo previsto por la Constitución.
Emergencia pediátrica y amparos en el Garrahan
En el Hospital Garrahan, el personal de salud realizó este martes un paro de 24 horas en rechazo a la decisión del Gobierno. “No queremos naturalizar esta noticia porque hoy tenemos una ley promulgada, pero el Gobierno insiste en darle la espalda a un hospital de referencia”, dijo a este medio la nutricionista Norma Lezama.
“Es muy indignante que haya salido en el Boletín Oficial la promulgación de la ley, pero con una medida que lo suspende”, señaló. “El Poder Ejecutivo tiene que cumplir la ley, el hospital ya no puede esperar más, ya hay 300 profesionales menos, están renunciando terapistas, neonatólogos, cirujanos, todo lo que es emergencia, la gente viene al hospital y si no están los equipos no podemos seguir atendiendo”, advirtió.
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica y busca garantizar recursos para áreas críticas como neonatología, oncología infantil y cirugía cardíaca. Pero el decreto 760/2025 dejó su aplicación supeditada a la aprobación del Presupuesto 2026.
El constitucionalista Mariano Bar sostuvo que “la situación es exactamente igual que la de la ley de emergencia en discapacidad que promulgaron con una especie de inaplicabilidad por falta de fondos. Eso no tiene sustento constitucional alguno”. En su análisis, “el que fija y legisla es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ejecuta leyes. No dice si están bien o si están mal”.
Bar advirtió que la negativa del Ejecutivo “da lugar a mociones de censura y posible remoción del jefe de Gabinete”, y destacó que “la no ejecución implica un exceso en su facultad reglamentaria o de promulgación de las leyes”.
Discapacidad y la nulidad de los decretos
La ley de emergencia en discapacidad fue la primera en quedar bajo la figura de promulgación sin ejecución, un mecanismo que los constitucionalistas califican de “inexistente”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó en su cuenta de X que “el Decreto 681/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes”.
El especialista subrayó que el artículo 83 de la Constitución es claro: una vez que el Congreso insiste con una ley vetada y alcanza las mayorías necesarias, el Ejecutivo “debe promulgarla, publicarla y aplicarla”. Añadió que el decreto firmado por Milei “lesiona los derechos de las personas con discapacidad” y que cualquier ciudadano puede promover “acciones de amparo, denuncias penales por abuso de autoridad o solicitar un juicio político contra el Presidente por mal desempeño en el cargo”.
En la misma línea, Diego Armesto señaló que la decisión del Ejecutivo constituye “una flagrante violación a los procedimientos constitucionales” y afecta a “sectores vulnerables protegidos por el artículo 75 inciso 23 de la Constitución”. Para el abogado, “el Ejecutivo desoye el mandato de ley y crea esta figura del reveto o veto reload, que va en contra de las cláusulas constitucionales”.
Armesto recordó que en el caso de la ley de discapacidad ya se presentó un amparo colectivo en el juzgado de Campana, y que “las universidades y el Garrahan también van a tener la posibilidad” de recurrir a la Justicia.
Denuncias, citaciones y amenaza de moción de censura
En el plano político, la diputada Cecilia Moreau afirmó que “no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique una ley tal como fue aprobada”. El bloque peronista presentó un proyecto de resolución para exigir la aplicación inmediata de las tres normas. “El Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora novedosos y ridículos argumentos para evadir sus obligaciones”, sostuvo la legisladora.
El socialista Esteban Paulón amplió una denuncia penal por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” contra Milei; Francos; el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Las leyes están para cumplirse”, señaló.
Mientras tanto, el Congreso mantiene pendiente la moción de censura contra Francos, dictaminada la semana pasada en comisión por sectores opositores. Si prospera y el Senado acompaña la medida, el jefe de Gabinete deberá dejar su cargo por pérdida de confianza legislativa.
