La concejal Paula Benavidez, advirtió que podrían iniciar un proceso judicial que se suma a las acciones tomadas por las irregularidades en la licitación de las fotomultas.

En la última sesión del Concejo Deliberante, celebrada el 28 de diciembre del 2022, se aprobó la ordenanza de presupuesto municipal que preveía una toma de deuda para la realización de la obra de puesta en valor del Canal de la Avenida Irigoyen.

Sin embargo, la ordenanza estableció que antes de tomar la deuda, el Ejecutivo Municipal debía requerir la autorización del Concejo Deliberante, como marca la Carta Orgánica Municipal, pero según señalaron ediles la gestión avanzó sin cumplir con dicha resolución.

La edil Paula Benavides indicó a Nuevo Diario que se anunció “con bombos y platillos” la obra del Canal Irigoyen a pesar de que el llamado a licitación se declaró desierto.

“No conocemos los términos en que sea dado esta licitación y esta adjudicación en virtud de haberse declarado desierta, con lo cual hemos convocado al ejecutivo para tomar conocimiento de que se pretende hacer”, informó. Hoy, desde las 10, habrá una reunión de concejales donde se convocó al secretario de Hacienda Municipal, Daniel Amador.

El fideicomiso 

El municipio, encabezado por Bettina Romero, ya habría tomado una deuda por 1.700 millones sin la autorización pertinente del Concejo Deliberante, según indicó ayer el concejal José Gauffin en FM Ya (91.3).

“Si este crédito, como se dice, ya fue tomado y no está previsto que se realice la obra con fondos propios, corresponde paralizar la obra desde el Concejo Deliberante”, indicó la edil.

Asimismo, consideró que el hecho corresponde un avasallamiento hacia facultades propias del Concejo Deliberante, por lo que desde el cuerpo “se debe tomar una posición rígida” y, en el peor de los casos, llegar a judicializar la situación para frenar “los constantes avasallamiento por parte del ejecutivo”.

Fotomultas

En cuanto al tema fotomultas, donde el espacio Salta Independiente  sepresentó una medida cautelar de no innovar y  un proyecto de resolución para que la Municipalidad remita toda la documentación, desde el convenio con CECAITRA hasta la licitación que tuvo una apertura de sobres cerrada, lo que impide conocer cuál será la mejor oferta.

“Esperamos y apelamos a la responsabilidad de todos los concejales de que decir que esto realmente amerita un análisis más profundo para ver si es pertinente o no es pertinente y si avanzamos o no con la temática. Por lo pronto, por cómo se vienen suscitando las cosas y en medio de un receso legislativo donde el ejecutivo parece querer aprovechar la imposibilidad de los concejales de pronunciarse, creemos que se están tomando medidas netamente recaudatorias en medio de un proceso de campaña y viendo un claro direccionamiento hacia la pauta publicitaria, tratando de engrosar la imagen de quien se encuentra a cargo del ejecutivo”, expresó.

La medida judicial presentada tuvo hoy un avance en el Juzgado de Procesos Administrativos N°2 y se requirió a la Municipalidad la presentación de documentación complementaria pertinente. 

Cabe recordar que la situación inició en el 2021 con una contratación directa de la Municipalidad a CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) a través de un convenio para la instalación del sistema de fotomultas, lo que fue frenado a través del Concejo Deliberante. Este año se abrió un proceso licitatorio donde se presentaron dos empresas, una de ellas del hijo del presidente de CECAITRA, y los sobres se abrieron sin presencia del público en general.

Fuente: Nuevo Diario de Salta