Hoy, sábado 7 de diciembre de 2024, se cumple exactamente un año desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó la sentencia en la que, más de siete años después de la interposición de la queja, declaró que los derechos del ciudadano Santos Clemente Vera fueron gravemente violados por los tribunales penales de Salta.

Vera había sido sorpresivamente condenado a prisión perpetua en febrero de 2016, después de que en el único juicio plenario al que fue sometido resultara absuelto de la acusación de homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cadáveres mutilados fueron hallados a finales de julio de 2011 en un lugar de difícil acceso en la Quebrada de San Lorenzo.
La sentencia de la Corte Suprema dejó al desnudo la alarmante superficialidad de los tribunales superiores del orden jurisdiccional penal de Salta, cuya arbitrariedad fue manifiesta y singularmente dañina. Una arbitrariedad que no solo ha perjudicado a una persona y avasallado sus derechos, sino que también ha dañado -quizá de forma irreversible- las posibilidades de encontrar la verdad de un crimen que todavía avergüenza a Salta.

El máximo tribunal de justicia argentino dijo hace un año que los dos jueces del Tribunal de Impugnación de Salta que en 2016 condenaron a Vera actuaron sin jurisdicción y sin competencia, violaron la propia ley de procedimientos provincial y no respetaron las garantías ni las formalidades que protegen a quien va a ser por primera vez condenado.

De la Corte provincial de Salta ha dicho que los fundamentos para desestimar «el fundado agravio de la defensa» de Vera eran dogmáticos y aparentes; que se apoyaron en inferencias sin sostén jurídico o fáctico, y que, por tanto, la sentencia que confirmó la cadena perpetua de Vera afectó «de modo directo» el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.

Pero la censura jurídica de la Corte Suprema no se detuvo allí. El alto tribunal federal escribió en su sentencia de 7 de diciembre de 2023 que la Corte salteña -cuyos jueces, en los umbrales del ridículo, se esmeraron por adornar sus arbitrarios párrafos con citas de presunta autoridad de Clariá Olmedo- «omitió analizar exhaustivamente las normas locales de procedimiento que regulaban la cuestión, así como las consecuencias que acarreaba su interpretación frente a los agravios de la parte, eludiendo el asunto sin más fundamento que una descontextualizada cita doctrinaria y la invocación de jurisprudencia local que tampoco daba respuesta a la cuestión planteada».

Si bien se esperaba que este pronunciamiento de la Corte federal fuese aún más contundente de lo que en realidad lo fue, la sola fuerza de esta declaración, vergonzante para los tribunales locales, obligó a la Corte de Justicia de Salta a poner a Vera en libertad, algo que, como es sabido, no ocurrió inmediatamente sino cuatro días después, el lunes 11 de diciembre, y no antes de febriles cruces de consultas y de interminables cavilaciones.

Ha transcurrido un año desde aquellos acontecimientos. Vera ha recuperado su libertad e intenta, no sin dificultad, rehacer su vida familiar y laboral. Pero su situación procesal sigue siendo confusa, incierta y permanece irresuelta.

Sin embargo, más llamativo de todo esto no es la vuelta de Vera a la vida civil, sino que, después de aquel soberbio varapalo, de aquella sonora bofetada al orgullo judicial salteño, no ha habido ninguna consecuencia política significativa.

No solo no se ha reformado la ley de procedimientos penales de Salta (lo que evidentemente está diciendo que quienes la aplicaron en el caso Vera lo hicieron mal), sino que los dos jueces que firmaron aquella bochornosa prisión perpetua, sobre la base de un expediente idéntico al que propició su absolución en primera instancia, siguen firmes en sus cargos, como si nada hubiera pasado, como si en vez de haber resuelto una aberración hubieran hecho bien su trabajo.

Estos jueces no solo no han presentado su dimisión, sino que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, ante el que fueron acusados por un valiente diputado provincial, se conjuró internamente para protegerlos: los exculpó y desestimó en tiempo récord la acusación, evitando así que el asunto llegara a juicio y privando de este modo que la sociedad democrática salteña -atacada por la arbitrariedad y el desparpajo- pudiera defenderse.

Tal vez lo más irritante de todo el asunto es que, en este último año, al menos tres jueces del mismo orden jurisdiccional penal fueron acusados por mal desempeño ante el Jurado, cuando sus incumplimientos fueron, en algunos casos, mucho menos graves que aquellos en los que incurrieron quienes firmaron una condena a prisión perpetua violando la ley, quienes arruinaron la vida de un hombre al que, sin derecho y sin pruebas, se mantuvo en la cárcel durante diez años y al que se le denegaron los permisos para asistir al entierro de sus padres y de su hermano.

La Corte de Justicia provincial, por su parte, ni se ha despeinado. Se ha abierto de piernas y ha interpretado la sentencia de 7/12/2023 de la forma más perjudicial posible para el reo. La Corte actual se ha cuidado muy bien de decir siquiera media palabra sobre los duros reproches que los jueces federales supremos han hecho a su trabajo.

Es verdad que cuatro de los magistrados que utilizaron aquellos argumentos jurídicos dogmáticos y aparentes para negarle a Vera el acceso al recurso extraordinario federal ya no forman parte del tribunal. Pero tres todavía la integran. No se sabe que ninguno de ellos haya amagado con dimitir. Durante el año que ha pasado, ninguno de los cuatro jueces cuyo periodo ha finalizado intentó siquiera una autocrítica mínima. A pesar de que la evidencia histórica los condena, ellos, desde su retiro dorado, siguen empeñados en creer que obraron «bien»; algunos incluso se consideran a sí mismos autores de una hazaña.

Vera sigue en libertad pero no sabe hasta cuándo. Lo que el antiguo preso sabe con certeza es que fue -y probablemente lo será también en el futuro- una víctima propiciatoria, la pantalla ideal para tapar la responsabilidad criminal de otros que seguramente tienen más poder que él y que el sistema judicial de Salta se niega a perseguir.

Saben quienes lo rodean, que si Santos Clemente Vera, con toda su obstinada dignidad, no ha sido capaz de sacudir la precaria solidez del edificio judicial salteño, y si su escandaloso caso no ha conseguido que ningún juez abandone su cargo avergonzado por lo que hizo (por lo que escribió, por lo que votó), mucho menos va a poder el sufrido jardinero propiciar con su loable resistencia cívica la aparición de los verdaderos perpetradores y su necesario castigo.

Durante un año bastante largo, y a pesar de la machacona insistencia del «plan piloto de oralidad» (que acelera los juicios de pequeños ladrones de gallinas, pero dilata calculadamente la investigación de asuntos en los que aparecen involucrados los poderosos y los influyentes), los salteños hemos asistido a un profundo y virtualmente irrecuperable deterioro de la institución judicial.

De este deterioro son culpables no solo quienes han firmado sentencias bárbaras en el caso de Vera, sino también aquellos que, con su silencio cómplice, han arropado y protegido a los responsables directos del formidable varapalo aplicado a Salta por la Corte Suprema.

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