La familia de la víctima y la fiscalía denuncian maniobras dilatorias y exigen que la justicia avance.

El próximo 4 de agosto se cumplirán dos años del brutal femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en el exclusivo barrio privado El Tipal, y la causa judicial continúa estancada. A pesar de haberse completado la admisión de pruebas en abril de este año, el juicio oral contra el único imputado, José Eduardo «Jota» Figueroa, aún no tiene fecha de inicio.

La principal razón del estancamiento radica en la imposibilidad de conformar el tribunal de la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, a causa de una vacante que no logra ser cubierta. La terna original estaba integrada por las juezas María Cecilia Flores Toranzos, Norma Beatriz Vera y el juez Maximiliano Troyano, quien se excusó por conocer previamente al acusado. Aunque su apartamiento fue aceptado por las partes, irónicamente la propia defensa intentó objetarlo.

Desde entonces, una cadena de excusaciones, recusaciones y exclusiones -mayormente promovidas por el abogado defensor Juan Casabella Dávalos- ha demorado el avance del proceso. La jueza Mónica Faber, sorteada como reemplazo, se excusó por un vínculo lejano con la madre del acusado. Luego, la jueza Gabriela Romero Nayar también fue recusada por haber aplicado perspectiva de género en un fallo anterior.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, objetó la última excusación por no ajustarse a criterios legales válidos según el Código Procesal Penal de Salta. El próximo intento por completar el tribunal se realizará el 28 de julio en una audiencia que será clave para destrabar el proceso.

Desde el entorno judicial se advierte que la causa ha estado marcada por permanentes dilaciones. A lo largo de estos dos años, la defensa presentó insistentes pedidos de privilegios para Figueroa, incluso solicitando arresto domiciliario tras una cirugía menor, requerimiento que fue rechazado por el juez Ángel Longarte.

El caso de Mercedes Kvedaras se suma a una preocupante lista de femicidios que, pese al repudio social, encuentran obstáculos estructurales y estratégicos en el camino hacia la justicia. La familia de la víctima y organizaciones feministas reclaman celeridad y decisión política para evitar que el expediente continúe empantanado.

QPS