Venta de Plasma: Martín de la Arena será imputado hoy por fraude a la administración pública

#Salta. Este 5 de octubre el médico Martín de la Arena se le imputará por fraude a la administración pública en el carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial.

Un nuevo capítulo del caso de venta de plasma en una clínica privada salteña. La misma estaba habilitada para realizar el Servicio Transfusional Hospitalario. Ahí se detectaron dos hechos en los que se les intentó cobrar cifras superiores a los 30 mil pesos por la transfusión de plasma (PCC ). Algo que no debería suceder, pues el Estado provee de plasma gratuitamente a estas clínicas. Aseguran que ya se entregaron aproximadamente 350 unidades de plasma a establecimientos de toda la provincia, ya sean públicos o privados.

El hecho fue denunciado, cobró estado público y la justicia comenzó a investigar. El Ministerio Público Fiscal de Salta, informó que se pudo comprobar que “La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS”.

Además detallaron que Martín de la Arena, el futuro imputado, “no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88”. Es decir, quería cobrar pero no pudo.

Por todo esto la Unidad de Delitos Económicos Complejos ordenó citar al socio gerente de HemoSalta a una audiencia de imputación para el lunes 5 de octubre. Martin de la Arena será imputado por la comisión del delito de fraude a la administración pública (dos hechos), en grado de tentativa en concurso real, en el carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. La notificación de citación se hizo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada. Deberá designar abogado defensor particular u oficial.