Un Estado muy frágil ante la trata de personas.

El jueves 8 se cumplieron 10 años de la desaparición de María Cash, entonces, de 29 años, quien había tomado en Retiro un ómnibus con destino a Jujuy; por motivos que se desconocen, bajó en Rosario de la Frontera y fue captada posteriormente por las cámaras de seguridad en la cabina de peaje de Aunor, en el acceso a Salta. Fueron las últimas imágenes de la joven. Sobre su suerte circularon muchas versiones y sospechas. Su familia se consagró a la búsqueda por todos los lugares donde creían encontrar una pista. En uno de esos viajes, el padre, Federico, murió en una ruta de La Pampa. La muerte lo encontró con la certeza inamovible de que María estaba viva, en alguna parte.

Hace unos días el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad de la Nación convocó a una Mesa Interinstitucional encabezada por el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y de la que participaron investigadores de Gendarmería y representantes de la familia. Allí se informó todo lo que se hizo a lo largo de estos años, sin resultado alguno.

María Cash es una «desaparecida en democracia» como miles de personas, de todas las edades, cuyo destino desafía a las instituciones.

La tenacidad de sus padres y hermano tuvo como efecto que su nombre se convirtiera en emblema.

La familia Cash siempre sostuvo que su hija fue víctima de una red de trata de personas. Quizá nunca se conozca la verdad. Lo que podría parecer un esfuerzo de los padres por aferrarse a una esperanza, es totalmente coherente con una realidad social con la que convivimos sin saberlo y que forma parte de las grandes preocupaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

El jueves 1 de julio, en Salta capital, los mecanismos preventivos volvieron a fallar. Una vecina que llevaba a sus hijos al colegio encontró tendida en la calle, semidesvanecida, con síntomas de estar drogada y muy desabrigada a una mujer que, entre balbuceos, relató que era víctima de una red de trata de otra provincia y que había sido sometida a infinidad de vejámenes. La testigo, que prefirió mantener el anonimato, la llevó hasta el hospital San Bernardo. A pesar de la intervención de la Fiscalía Federal y de profesionales especializados en este tipo de violencias, en pocas horas la mujer quedó librada a su suerte, a despecho de la gravedad de los hechos que describió en su relato.

La vulnerabilidad de la víctima, en este caso, una mujer, como la mayoría de quienes sufren la trata de personas, y la solidaridad de la denunciante chocaron con la falta de respuesta del Estado.

Según documentos nacionales e internacionales, «la trata de personas constituye a nivel mundial un fenómeno criminal relevante».

Decenas de miles de personas, muchas de ellas migrantes vulnerables o habitantes de áreas pobres y rurales, son sometidas a prácticas de esclavitud sexual y laboral en el mundo, en la Argentina y en nuestras provincias.

Habitualmente son trasladadas contra su voluntad para trabajar lejos de su hogar en prostíbulos, talleres clandestinos o en otras actividades de apariencia legal. Los esclavos del siglo XXI son mujeres y hombres, personas transgénero, adolescentes y jóvenes. Muchas veces, las bandas de trata actúan con la complicidad o la tolerancia de funcionarios, policías y personas influyentes. Esas asociaciones ilícitas tienen vínculos directos con otras formas del crimen organizado transnacional: narcotraficantes y contrabandistas.

A pesar de los acuerdos internacionales rubricados por la Argentina y el consenso de la sociedad, los casos de María Cash y de la víctima anónima de hace pocos días en Salta muestran que los mecanismos de investigación y de prevención son ineficientes.

Vale enfatizarlo: la trata de personas está entre nosotros, es un grave atentado contra la dignidad humana ejecutado por criminales profesionales y sólo puede ser combatido por un Estado transparente, eficiente y comprometido con la libertad de todos los ciudadanos.