Por el caso de la médica Miranda Ruiz, Amnistía Internacional investiga en Tartagal

“Estamos en Salta investigando la criminalización de Miranda Ruiz, una médica de Tartagal procesada por garantizar el derecho al #aborto”, informaba en sus redes sociales la organización Amnistía Internacional tras el pañuelazo organizado para exigir la absolución de la profesional de la salud.De esta manera, la puerta de Ciudad Judicial fue el escenario en donde se dieron cita organizaciones feministas y de derechos humanos en defensa de Ruiz, luego de que fueran rechazados dos pedidos de sobreseimiento, aunque el último fuera apelado, y aguarda ser resuelto por el Tribunal de Impugnación.

En ese marco, la organización no gubernamental, Amnistía Internacional se hizo presente en la provincia para acompañar el reclamo, aunque con anterioridad, se había expresado con preocupación, ante lo que consideraban la criminalización de esta profesional. La institución se puso a disposición para trabajar en pos de que no se avance en un proceso penal en contra de la médica y de asegurar la implementación de la ley de interrupción del embarazo.

Asimismo, la organización realizó dos pedidos: uno al fiscal de la causa y otra al procurador general de la provincia, insistiendo en que la acción de la médica se ajustó a derecho.

La Secretaría de las Mujeres recibió a las abogadas de Ruiz

La secretaria de las Mujeres Itatí Carrique y la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, se reunieron con Milagro Sayago, Rocío García Garro y Lucía de la Vega, abogadas de la red Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, y del Centro de Estudios Legales y Sociales para interiorizarse sobre la situación judicial de la doctora Ruiz. En atención a lo que dispone la Ley 27.610 y el Protocolo de ILE, la conducta de la médica Miranda Ruiz se ajustó a derecho y, por lo tanto, su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno. «La actuación legal contra la doctora infringe el acceso a un derecho que está contemplado en nuestra legislación hace más de 100 años.

Es inadmisible que una profesional que cumplió con lo que establece la ley sea sometida a este proceso”, expresó Carrique.

Fuente: Nuevo Diario