El Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, ha convocado esta mañana a una rueda de prensa en la Ciudad Judicial en la que compartió algunos detalles de investigación en curso relacionada con presuntas maniobras delictivas de una organización que se dedicaba a captar ahorros de terceros.
Según García Castiella, la velocidad del retorno de la actividad financiera investigada hace sospechar la inyección de dinero proveniente de alguna otra actividad ilícita que actualmente se está investigando. La fiscal penal, señora Ana Inés Salinas Odorisio, presente en la misma rueda de prensa, ha dicho que el Ministerio Público Fiscal se propone recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas.
Si bien se ha impuesto la reserva de las actuaciones, García Castiella ha estado muy seguro a la hora de afirmar que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg” y que no se descarta que en las próximas horas puedan ser imputadas más personas relacionadas con los hechos que se investigan.
“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas”, ha dicho el Procurador General, quien ha asegurado también que “la realidad con la que nos encontramos excede a la investigación de una mera financiera irregular”. “No estamos ante un clásico esquema Ponzi porque el retorno prometido, según surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicaría que el sistema sería nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”.
Esta afirmación del Procurador General ha sido interpretada como la sospecha de los fiscales de que los responsables de los hechos estarían también comprometidos en el lavado de dinero, si bien los fiscales esperan que concluyan los primeros estudios periciales para orientar la investigación en esta dirección. García Castiella también ha dicho que se ha detectado “un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la Policía de la provincia confundidos con la organización en diversos roles, algunos de captación de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando información hacia afuera de la investigación y dando apoyo, aun en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran prófugas”
La gravedad de las afirmaciones del Procurador General, en relación con la intervención en los hechos ilícitos de «miembros y elementos» de la Policía de Salta se puede medir mejor si se tiene en cuenta que, ante las amenazas de que han sido objeto algunos investigadores fiscales (se supone que de parte de policías provinciales) el Ministerio Público ha pedido para los amenazados custodia de la Policía Federal Argentina. La acusación contra cuadros policiales ha tomado una forma especial cuando el Procurador General ha dicho que la investigación fiscal sugiere «la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como así también en el aventajado posicionamiento piramidal».
García Castiella se ha amparado en la reserva de las actuaciones para no dar más detalles sobre la posible identidad de los mencionados «superiores jerárquicos» y sobre su grado de participación en los hechos que se investigan. La fiscal Salinas Odorisio ha dicho que, antes de que se procediera a los allanamientos, cuatro personas involucradas en los hechos fueron alertadas irregularmente del procedimiento fiscal, lo que posibilitó que se dieran a la fuga. Entre estas personas figura la organizadora de la financiera, quien probablemente junto a los otros fugados han desaparecido con parte del dinero de los inversores En cuanto a los ocho detenidos, Salinas Odorisio ha dicho que han sido imputados por estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado y asociación ilícita.
García Castiella ha dicho que, oportunamente, se dará también intervención a la Justicia Federal, ante la eventual comisión de delitos cuya competencia corresponda a los órganos de aquel orden jurisdiccional. Sobre el audio que una de las prófugas envió a varias víctimas asegurando que devolvería el dinero, García Castiella fue categórico al señalar que tomará medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos, ya que esta colaboración les haría incurrir en un delito de encubrimiento.
LA SITUACIÓN DEL COMISARIO MIRANDA
García Castiella se ha referido también al insólito «pase a disponibilidad» del comisario general Juan Ramón Miranda, designado en su momento como comisionado coadyuvante del CIF. El Procurador General ha ratificado que, pese a la decisión del Jefe de Policía, Miranda permanecerá en el cargo que venía ocupando en el ámbito fiscal. En tal sentido ha dicho que “la asignación de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante”.
La resolución de García Castiella (1327/22), fechada ayer día 31 de marzo, invoca preceptos constitucionales y acuerdos previos entre la Procuración General y la Policía de Salta, que amparan la elección de los funcionarios de la Policía que se desempeñan en el CIF como «facultad exclusiva» de la autoridad fiscal.
La parte dispositiva de este inusual acto administrativo ordena «la continuidad de la asignación del Comisario General Juan Ramón Miranda, dispuesta mediante resolución Nº 1297/22».
Fuente: Noticias Iruya
