Estafa millonaria: Los 2 policías y el gerente del banco seguirán en prisión

Mediante una resolución, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, dispuso la prisión preventiva para el comisario Hugo Alberto Colantuono, el gerente del Banco Macro, sucursal Tribunales, Ricardo Gabriel Fath y su hermano Andrés Fath, cabo de la Policía.

El único beneficiado hasta ahora, y tal como lo adelantó este medio, fue el asistente operativo del banco, Jesús Ángel Mendoza, para quien la jueza Puertas, en base al planteo realizado por su abogado, Ricardo Albornoz, dispuso el arresto domiciliario, tanto por grave padecimiento de salud como por la endeble carga probatoria presentada, hasta ahora, por la fiscalía, según lo resaltado por el defensor.

Asimismo, la jueza aceptó y dio por formalizada la participación de la abogada María Paz Saravia, de la Fiscalía de Estado, como querellante en la causa penal que investiga el destino de los 300 mil dólares que había en una cuenta a nombre de la sucesión de Vanja Dvornik, la cual se encuentra vacante.

En su resolución, la jueza se refirió a las pruebas presentadas por la fiscalía en torno a los acusados, quienes fueron detenidos entre el 14 y 18 de marzo pasado a partir de la denuncia de María Paz Saravia Araoz, quien es administradora del sucesorio y, a la vez, apoderada de la Provincia.

En la denuncia, la letrada reconoció que tomó conocimiento del faltante por su colega, el abogado Alfredo Puig, quien fue administrador de dicho sucesorio por 4 años y, desde hacía meses, trataba de obtener un informe de la cuenta saqueada a fin de anexar el documento al pedido de regulación de honorarios.

Indicó que tras tanto insistir, Puig habló con el abogado Rafael Gómez Diez, asesor letrado del banco, a quien le manifestó su preocupación ya que la sucursal Tribunales no le entregaba el informe de la cuenta desfalcada, dándole distintas excusas.

Saravia Araoz manifestó que Puig, en forma textual, le dijo que: “Fue a la sucursal Tribunales y siempre ese plazo fijo que faltaba le venían esquivando, que le ponían ‘peros’ para dárselo”, aunque luego logró “conocer que ya no estaba el dinero en el banco, ya que estaba la cuenta en cero”.

Ante esto, Puig “consiguió” copia de un oficio “entregado por el doctor Gómez Diez”, asesor jurídico de banco Macro, quien la llamó telefónicamente cuando procedieron a la detención del comisario Colantuono.

Al referirse al caso, la fiscalía sostuvo que, conforme surge de los elementos señalados, y a pesar de que existen diligencias pendientes de producción, surge que es “evidente que el oficio judicial en cuestión revestía graves irregularidades (firmas y sellos falsos, y número de expediente incorrecto)”.

Agregó que: “Pese a ello, el oficio fue aprobado y ejecutado; sumado al hecho de que dicha orden judicial requería ser verificada por el Magistrado interviniente y cuya ejecución implicaba cancelar un plazo fijo no vencido, todas circunstancias que solo pudieron ser realizadas por personal interno del Banco Macro Sucursal Tribunales con la autoridad suficiente para otorgarle dicho trámite”.

De los cuatro acusados, solo Mendoza alegó su inocencia, mientras que el resto se abstuvo de prestar declaración. Esta conducta, según sostuvo la fiscalía y lo consideró la jueza, evidencian un claro riesgo de fuga o entorpecimiento por parte de los acusados, en caso de darles la libertad provisoria, por lo que decidió mantenerlos presos.

El comisario Colantuono no dio aún ninguna señal del dinero

Al evaluar la situación de los acusados, tras ser detenidos, la jueza indicó que “corresponde valorar la actitud posterior al delito, en razón de que dejando a salvo el acusado Mendoza, ninguno prestó declaración hasta la fecha al ser intimados de los graves hechos investigados”.

Esta conducta, según agregó la jueza en su fallo, evidencia “una inexistencia de arrepentimiento y una nula predisposición al esclarecimiento del hecho. A más de ello, respecto del acusado Colantuono concretamente, quien fuera el sujeto al que se le acreditara la cuantiosa suma en dólares estadounidenses en su cuenta caja de ahorro en dólares en el Banco Más Ventas, cabe referir que el mismo habría demostrado un absoluto desinterés de restituir el dinero mal habido”.

En cuanto a Mendoza, la jueza señaló que “el mismo padece un cuadro hipertensivo, siendo un paciente con crisis coronaria, que se le han hecho angioplastias, siendo la medicación adecuada para esa patología la que ingiere, y que a su vez se puede agravar su condición con el estrés y la falta   de medicación adecuada en horario que corresponda”.

Por otra parte, reconoció que en torno a este imputado “existe un riesgo para su salud” si el mismo continúa alojado en Alcaidía General. Por ello, y: “Habiendo sugerido el profesional del Servicio Médico del Poder Judicial de Salta que se disponga su arresto domiciliario, entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente a lo solicitado  por la defensa técnica del acusado ejercida por el Dr. Ricardo Albornoz”.

Fuente: Nuevo Diario