La presentación advierte que Carrió, a través de sus colaboradoras, utilizó escuchas ilegales a presos de la cárcel de Ezeiza para intentar, «desesperadamente», desbaratar desde el inicio la investigación por la causa «cuadernos».

Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, víctimas del espionaje y querellantes en la causa que se investiga en Lomas de Zamora, pidieron la indagatoria de la exdiputada Elisa Carrió.

La presentación advierte que Carrió, a través de sus colaboradoras, las legisladoras Maviana Zuvic y Paula Oliveto, utilizó escuchas ilegales a presos de la cárcel de Ezeiza para intentar, “desesperadamente”, desbaratar desde el inicio la investigación del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, cuando estalló la “Causa D’Alessio”.

Según los querellantes, las escuchas que se hicieron en las cárceles a ex funcionarios detenidos y que habrían sido filtradas por el área de Jurídicos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, terminaban en manos de Carrió o del fiscal Carlos Stornelli.

El pedido de indagatoria para Carrió fue realizado ante el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. Se le atribuye a Carrió “responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía Marcelo D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.

Los letrados efectuaron un repaso de la investigación de escuchas ilegales desplegadas desde la AFI del gobierno de Mauricio Macri, especialmente del área de Jurídicos y desde el Servicio Penitenciario Federal, para espiar a quienes estaban detenidos incorporados al programa IRIC, que incluyó a funcionarios públicos.

En su presentación, remarcaron el vínculo de la causa de Lomas de Zamora con la que lleva adelante el juez Ramos Padilla en Dolores “respecto de la misma asociación ilícita”.

“Desde 2017 la AFI retiraba y conservaba en su poder los registros de las comunicaciones de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios, y sin más decidió sacárselos de encima y enviarlos con urgencia al juzgado. Se ve que alguien ahí ya sabía que Carrió y Stornelli (Carlos) irían a filtrar el contenido de esas conversaciones que el área de Jurídicos de la AFI había promovido ardidosamente intervenir, y que escuchaba, analizaba y transcribía sin orden judicial y sin ningún destino legal”, dijeron los abogados Rúa y Peñafort.

Los letrados recordaron que en febrero de 2019, “el mismo día en que finalizó el allanamiento en la vivienda de Marcelo D’Alessio, a las 19.58 hs., Elisa Carrió, quien… había mantenido reuniones con D’Alessio, emitió un tuit” en el que refería que el juez Ramos Padilla ‘estaría haciendo una operación para ensuciar al Fiscal Stornelli’.”.

El fiscal Carlos Stornelli ya había realizado una denuncia en similar sentido, no obstante Oliveto y Zuvic presentaron una segunda denuncia. Para Peñafort y Rúa, la razón es porque la primera había recaído en el juez federal Luis Rodríguez, que en ese momento estaba enemistado con Stornelli.

La denuncia de Oliveto y Zuvic recayó en el juez Claudio Bonadio, el magistrado que tenía a su cargo el caso de los cuadernos. “Se nota mucho. Y así la filtración ilegal de los audios provocada por el interesado juez de conveniencia se sumó a la filtración ilegal de sus transcripciones por parte de la entonces diputada Carrió y la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de las tareas de escucha ilegal y espionaje penitenciario que se desplegaron durante el anterior gobierno a propósito de su política de persecución”, dice la presentación.

Los abogados remarcaron que las escuchas y/o transcripciones que habrían divulgado desde el área de escuchas a cargo de Mariano Ruda Bart, de Asuntos Jurídicos, cuyo titular era Juan Sebastián De Stéfano, “terminaron en manos de la legisladora Elisa Carrió, por un lado y del Fiscal Federal, Dr. Carlos Stornelli, por otro”.

Ruda Bart estaba a cargo de las escuchas que se hicieron en las cárceles. Esas escuchas se filtraban y llegaban a manos de Elisa Carrió para que presentara denuncias para intentar contrarrestar el D’Alessiogate.

En estos días el juez Augé indaga a los imputados en lo que se denomina “capítulo penitenciario” del espionaje ilegal.

Fuente: Ámbito