El Juzgado de Garantías 3 dictó una resolución ordenando la prisión preventiva para los once imputados detenidos por estafa y asociación ilícita en la causa de la financiera ilegal, señalando que existe peligro de fuga y que podrían entorpecer la investigación.
También se conocieron los nombres de los imputados en esta causa, y ellos se tratan de Cynthia Elizabeth del Valle Moya, quien sería considerada la jefa de la banda y la comisario María Eugenia Espinoza.
También figuran los nombres de Alejandra Macarena Párraga, Araceli Beatriz Párraga, Cristina Florencia Laguna, Gustavo David Hernando y Efraín Omar Hernando, todos residentes en la ciudad de Metán.
Por otra parte, se indicó que tendrán prisión preventiva los policías Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Fabricio Nieva (de Orán), y Alberto Sebastián Giménez (de Cerrillos).
La financiera, que giraba bajo el nombre de Ríos & Asociados S.A., funcionaba en avenida Bicentenario al 1330, cuya actividad es investigada por la fiscalía penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Por otra parte, se pudo conocer que a cada inversor se le realizaba un contrato con cinco cláusulas, estipulándose que la contratación era entre Ríos y Asociados representada por Gabriel Horacio Figueroa, en carácter de presidente.
Sin embargo, a pesar del avance de las investigaciones que involucra a personal de la policía provincial, nada se dijo en relación con la persona que representaba a la financiera ilegal y que detentaba el carácter de presidente.
La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares, informó la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
Detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $ 23.213.960; U$S 60.388; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes; cédulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.
Además, como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4529 contratos (o carpetas, como eran denominadas) y 1739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores. La Fiscal Penal recalcó que el número de carpetas y/o de inversores podría variar ya que el número informado responde a lo recuperado en los distintos allanamientos.
Fuente: Nuevo Diario
