Aumentos del 34% promedio en Luz, Gas y Agua para el años 2021

Preocupa que el aumento de las tarifas previsto sea mayor al 34,5%
Con el argumento de un atraso de 20 meses sin actualizar su tarifa, el Ente Regulador de Servicios Públicos dio curso al proceso que podría terminar con un incremento del 34,5 % al servicio que presta EDESA S.A. en materia de energía eléctrica en toda la provincia.

Las quejas por el mal servicio del gas, agua y luz, sin dudas, será uno de los puntos a ser discutido en las audiencias públicas. Como se sabe, y en vista del decreto 311/20 del Poder Ejecutivo de la Nación, las tarifas de luz, gas, agua, entre otros, se encuentran congeladas y las empresas prestatarias impedidas de solicitar aumentos de tarifas, al menos hasta fines de diciembre de este año.

Recientemente, el Gobierno Nacional comunicó oficialmente que no extenderá para el año próximo la vigencia de este decreto, cuyo objetivo consistía en una ayuda económica frente a la crisis económica que atraviesa el país y que se vio potenciada por la pandemia del coronavirus.

Conocida esta postura, en nuestra provincia, EDESA S.A. y Aguas del Norte S.A. plantearon de inmediato el incremento de sus tarifas. La primera sugirió un aumento del 34,5%, mientras que la segunda requirió un incremento superior al 60%. Desde el ENRESP se dio curso al primer pedido y fijó como primer paso la realización de una audiencia pública para el 8 de enero, instancia que será clave por varias razones más allá de las formales. Una de ellas, tiene que ver con la actuación de la justicia, la que muchas veces termina por intervenir ante planteos de recurso de amparo. Y, por ende, la audiencia pública es uno de los actos que los jueces exigen de parte de las prestatarias.

Al margen de ello, y al analizar el aumento solicitado por EDESA S.A., distintas organizaciones civiles que suelen impulsar reclamos ante esta clase de aumentos de tarifas o quejas por el mal servicio, entre ellas la Fundación AYNI (Asociación Civil de Consumidores, Usuarios y Ambiente), sostuvieron que el incremento requerido tendrá un impacto mucho mayor al porcentaje exigido.

Al respecto, se indicó que usualmente la prestataria solía presentar la actualización de la tarifa en los meses de marzo o mayo, cuando la exigencia del servicio de energía eléctrica es mucho menor por parte de los usuarios.

En este caso, se pretende aplicar el aumento en el inicio de la temporada de verano, cuando la demanda es mucho mayor a otros meses del año, con lo cual el aumento, por este simple hecho, será mucho más difícil de digerir por parte de los usuarios. A esto, hay que agregar otro aspecto que fue advertido por la misma empresa en plena pandemia. Y, que tiene que ver con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional para prevenir el avance del coronavirus. Al respecto, se citaron definiciones del gerente de Relaciones Institucionales de Edesa, Hugo González, quien reconoció en mayo pasado, que el consumo de energía, desde el inicio de la pandemia, es mucho mayor al usual y, por ello, los usuarios vieron un aumento en la tarifa.

Estas declaraciones fueron realizadas en mayo, cuando EDESA S.A. solicitó un aumento de 19.9 % de la tarifa. Esto factores causaran un impacto, al menos, dos veces mayor al aumento del 34,5% requerido por la empresa. Con la sola aplicación del porcentaje propuesto por EDESA S.A., una boleta de luz que, ahora, ronda los 2 mil pesos, ascendería a los 2.700 pesos aproximado.

Desde el mismo ENRESP, su presidente, Carlos Saravia, reconoció que, tanto EDESA S.A. como Aguas del Norte S.A., tienen en su haber “una seguidilla de reclamos” por parte de los usuarios, en especial en el norte provincial.

Al respecto, en Tartagal, principal ciudad el departamento General San Martín, hay reclamos de usuarios, quienes se quejan por tener agua solo durante 6 horas por día. La situación de EDESA S.A., en tanto, no es menor, púes los vecinos de Morillo, de Rivadavia Banda Norte, protagonizaron un episodio de violencia y tomaron las oficinas de la empresa debido a la mala prestación del servicio.

Estos reclamos, casualmente, llevaron a la Fundación Ayni (Asociación Civil de Consumidores, Usuarios y Ambiente) a intervenir con la interposición de un recurso de amparo colectivo ante la Justicia, incluso aún están pendientes resoluciones respecto a daños causados a usuarios por los frecuentes cortes de la energía eléctrica.

No se descarta que a esta fundación se sumen otras instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo de Salta y la Secretaría de Defensa al Consumidor de la provincia, dentro del Consejo de Usuarios. Al respecto, Saravia explicó que este Consejo está previsto por ley, pero es la primera vez que se conforma.

Las quejas por el mal servicio, sin dudas, será uno de los puntos a ser discutido en la audiencia pública, la cual se llevará adelante vía remota, lo que augura una mayor participación y, mediante esta modalidad, quedará un registro más confiable de las posturas planteadas.