Asentamiento de Parque La Vega genera preocupación

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Un grupo de vecinos, de barrios aledaños, presentó una demanda colectiva y aseguran que no pueden salir de sus casas por la ola de robos.

Vecinos presentaron una demanda colectiva por la ola de robos que, aseguran, sufren desde que cientos de personas se asentaron detrás del barrio Parque La Vega. Son familias del barrio Scalabrini Ortiz, San Remo y el Porvenir. Amenazan que cortarán la calle si las denuncias que realizan desde mayo siguen sin ser escuchadas. Aunque, analizan esa medida porque temen dejar las casas solas. Contaron que, paradójicamente, mientras se organizan para tomar medidas contra la inseguridad, se exponen. «Mientras hacíamos una reunión en la plaza, aprovecharon y le entraron a la casa a un vecino», contó una de las denunciantes.

Cientos de familias ocuparon de forma ilegal terrenos fiscales de la zona sur de la ciudad. Si bien la postura del Gobierno provincial pareció haber quedado asentada cuando el gobernador Gustavo Sáenz dio a conocer que se sortearán lotes desde agosto, y advirtió que quedarían excluidos quienes «tomen terrenos de manera ilegal»; al mismo tiempo se les toman datos a algunas familias para ser inscriptos en el IPV. Las familias asentadas marcharon el jueves hacia el Grand Bourg donde fueron atendidos. Se retiraron con la promesa de que funcionarios visitarán el asentamiento. Entre los cruces, hace más de 60 días que esa zona quedó en un limbo, entre los asentados y los vecinos que ya vivían allí, que presentan denuncias constantemente. Aseguran que «el barrio ya no es el mismo».

«No podemos salir de las casas», indicó una mujer del barrio Scalabrini Ortiz. Son diez vecinos los que en representación de «todos», presentaron la demanda colectiva. La nueva presentación judicial es el desahogo de las familias que desde mayo presentan denuncias individuales. «Yo hice mi denuncia el 30 de mayo, cuando una pareja vino a mi librería y el chico le dijo a ella ¿viste que tiene cámaras? Antes ya también había agarrado a unos subidos en el gabinete del gas mirando hacia donde tengo la cámara», contó la vecina que asegura que el control fílmico la salvó de un posible robo. «¿Pero qué pasa con los que no tienen cámaras?», preguntó.

«Otro barrio»

Los episodios que relatan los vecinos son varios, el de una anciana a la que le desvalijaron la casa cuando fue al médico, el de un joven golpeado. Responsabilizan a los habitantes del asentamiento porque, indican, comprobaron que «vienen de ahí». «A una mujer que vive sobre la calle Mar Rojo le entraron, ella llegó a ver al hombre. Cuando la policía le estaba pidiendo los datos del ladrón ella lo vio pasar. Lo agarraron y era del asentamiento y así con varios todos los días», contó una de las vecinas.

Las familias aseguran que la dinámica del barrio cambió por completo, por lo que se sienten inseguras y con miedo de salir de sus casas. «Antes estaban los chorros en moto y agarraban al desprevenido. Pero dentro de todo vos sabías que podías circular tranquilo, los chicos podían ir a comprar solos. Ahora es todo el tiempo, no importa la hora. Están a la expectativa de ver qué calle está sin gente para entrar a afanar», señaló una vecina.

Motivos políticos

Aseguran que si no sufren robos, son represalias. «Si les pedís que no dejen los autos en la vereda te rompen lo que pueden», indicó otra vecina que aseguró que se ven a muchos llegar en vehículos. «El 10 por ciento de los que están ahí deben ser los que realmente necesitan», aseveró. Los vecinos están convencidos que detrás del asentamiento se esconde algo político. «Los trajeron en camiones y todas las noches viene una trafic a darles comida», contaron.

La comisaría a cargo de esa zona es la de San Remo, pero aseguran que no da abasto. «Tiene 35 barrios a su cargo y 19 policías. Se demoran media hora en venir cuando los llamás», advirtieron.

Incluso, si llega la policía, señalaron que son amedrentados. «El viernes a la noche, tres patrulleros agarraron a un auto que venían persiguiendo en Mar Amarillo y Eustaquio Méndez y todos los del asentamiento vinieron con palos a querer pegar a la policía», contó una de las denunciantes. «Antes estaba el fiscal Pablo Paz que no hizo nada,y el que está ahora, tampoco», agregó. Los vecinos barajan tomar otras medidas más drásticas si «la Justicia sigue sin dar respuestas». Cortar la calle es una de las opciones, decisión que analizan por el temor a dejar las casas.

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